Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en solicitud de una indemnización de 1.881,85 euros por los daños sufridos por un supuesto "acoso pasivo" laboral a lo que se opone la administración demandada negando, la responsabilidad y solicitando, subsidiariamente, reducir la indemnización a 120 euros. Se desestima el recurso interpuesto,dando por acreditados los hechos objetivos que se derivan del expediente y tras analizar los presupuestos necesarios para que pueda declararse la existencia de responsabilidad patrimonial lo que se una a la carga de la prueba que recae en el demandante. La demanda se sustenta en la existencia de un acoso pasivo que habría generado un daño psicológico. Se declara por la Sala,tras el examen de la prueba practicada,que no ha quedado acreditado que la conducta de la Administración fuera antijurídica ni determinante del daño. Los informes médicos obrantes en el expediente aluden a factores endógenos como origen del estado psicológico del actor, sin que las actuaciones de la Administración aparezcan como causa directa o voluntaria del perjuicio alegado. constatando que desde su reincorporación en mayo de 2022, la Administración realizó diversas acciones de apoyo como reuniones, evaluaciones y ofrecimientos, dentro de los límites legales de su potestad organizativa. No se acredita actuación omisiva voluntaria causante de un mal,ni dolo, negligencia grave o vulneración de normas.
Resumen: Se desestima la demanda de error judicial contra una sentencia de la Audiencia Nacional desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Orden por la que se inhabilita a la entidad recurrente para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. Descartada la causa de inadmisión, planteada por el Abogado del Estado, relativa a la falta de agotamiento de los recursos al no haberse instado previamente incidente de nulidad, señala la Sala Tercera que la sentencia recurrida ha valorado de manera rigurosa y ajustada al ordenamiento jurídico la conducta desplegada por la mercantil recurrente, descartando que se haya producido un error en la imputación de responsabilidad o en la aplicación del precepto cuestionado, habiéndose asimismo rechazado la alegación según la cual se estaría sancionando a la recurrente por actuaciones imputables exclusivamente a un tercero. Es por ello, por consiguiente, que la sentencia recurrida proporciona una respuesta motivada, detallada y jurídicamente consistente en relación con los motivos de impugnación del acto administrativo, con un análisis preciso de los hechos, del régimen jurídico aplicable y de su adecuada interpretación, de manera que la Sala no advierte que la sentencia haya cometido una equivocación manifiesta o palmaria ni en la fijación de los hechos decisivos para resolver la cuestión suscitada ni en la interpretación o aplicación del artículo 29.8 del Real Decreto 984/2015.
Resumen: La Sala desesytima la demandad, en primer lugar, es cierto que no hay prueba que acredite cómo se produjo la caída. En cualquier caso si se hubiera acreditado que la caída se produjese en el agujero por falta de baldosa, el desnivel es mínimo y por lo tanto no hay relación de causalidad entre la omisión de la baldosa y el daño. No siendo responsable la Adminsitración de los daños causados por pequeños daños.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia de la instancia, estimatoria parcial de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el recurrente al reconocer una actuación irregular de la Administración en la notificación de una baja y conceder una indemnización de 1.200 € por pérdida de desgravación fiscal. Se interpone recurso de apelación por la parte actora al considerar que debieron concedérsele todas las partidas solicitadas en su demanda, incluida la indemnización por daños morales. Se desestima el recurso de apelación al considerar la Sala, en primer lugar, que introduce elementos nuevos, limitándose a discrepar de forma subjetiva de la valoración de la prueba en la instancia limitándose a formular alegaciones genéricas sobre los daños morales. Se sustenta la apelación en los defectos en la notificación alegando que, de haberse producido una notificación adecuada, la recurrente podría haber accedido a un puesto de trabajo con prestaciones asociadas, como subsidio por maternidad o riesgo en el embarazo. Se confirma por la Sala la respuesta de la instancia dado que,según la normativa aplicable (RD 295/2009), para acceder a dichas prestaciones es requisito estar de alta en la Seguridad Social, lo cual no se cumplía en este caso. Sin que se haya demostrado la relación directa entre la notificación defectuosa y la imposibilidad de acceder a las prestaciones ni tampoco la existencia de daños morales indemnizables.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado frente a sentencia que reconoció el derecho a la indemnidad de policía nacional a que se le abonase la indemnización por lesiones en acto de servicio fijada en sentencia penal firme, por tener interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, siguiendo precedentes de admisión en la Sala, determinar el plazo y el dies a quo para el ejercicio del derecho de resarcimiento de un Policía Nacional por los daños y perjuicios reconocidos en vía penal cuando el criminalmente responsable es declarado insolvente.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el límite del artículo 14.1, apartado c), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativo a las relaciones exteriores, permite denegar el acceso al contenido de las actas en las sesiones del Club de París por recoger menciones sobre las razones por las que se admite unas u otras condonaciones de deudas y de acuerdos que afecten a la política exterior del país.
Resumen: Reclamación del porteador efectivo contra el transportista intermedio, por falta de pago del precio del transporte subcontratado, y contra el cargador conforme a la d. adicional sexta Ley 9/2013. En primera instancia se desestimó la demanda contra el cargador al considerarse que dicha acción directa no alcanza las cantidades ya abonadas al transportista intermedio ni el convenio CMR contempla una acción directa del porteador efectivo contra el cargador. En apelación se estimó el recurso de la demandante y se condenó solidariamente a las dos demandadas. Recurre en casación el cargador. El alcance y efectos de dicha norma ya han sido tratados por la jurisprudencia. La cuestión jurídica objeto del recurso de casación no se refiere propiamente a la interpretación y aplicación de la mencionada d. adicional, sino al problema de si la acción directa del porteador efectivo contra el cargador contemplada en esa norma es aplicable en el marco de un transporte internacional de mercancías por carretera sujeto al CMR. En lo no previsto por este convenio, debe estarse a lo dispuesto en el ordenamiento nacional. En concreto, no regula y no contempla, ni a favor ni en contra, la posibilidad de ejercicio de una acción directa en favor del transportista efectivo contra el cargador en una cadena de transporte. No se trata de que exista una laguna en el convenio CMR, sino de que dicho instrumento regula estrictamente el contrato, pero no aquellas cautelas o garantías legales de naturaleza extracontractual. En lo no previsto en el CMR debe aplicarse la ley nacional que resulte de Reglamento Roma I, que en este caso remite a la legislación española dado que el portador efectivo tiene su residencia en España, donde se le entregó la mercancía.
Resumen: Desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que invalidó la eficacia de una cesión de créditos en relación a embargos que se habían notificado antes de la emisión de la certificación de obra. En su fallo, el Tribunal reitera su postura de que, en el contexto de contratos administrativos, la cesión de créditos no tiene efecto frente a la Administración hasta que se emite y aprueba la certificación correspondiente, momento en el cual se genera el derecho a cobrar. Por lo tanto, los embargos que se notificaron antes de esa certificación tienen prioridad sobre la cesión, incluso si esta última fue comunicada previamente. Además, la Sala aclara que la certificación final de obra, aunque se considere un pago anticipado de la liquidación, no cuenta con la protección de inembargabilidad que establece el artículo 216.7 del TRLCSP, ya que dicha protección solo se aplica durante la ejecución de la obra, no una vez que esta ha concluido. Esta interpretación se basa en la jurisprudencia consolidada y en la doctrina del Tribunal Constitucional, que restringe la inembargabilidad a situaciones que aseguran la correcta ejecución de la obra pública. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada y se reafirma su doctrina jurisprudencial.
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, en solicitud de una indemnización de 280.000 euros por los daños y perjuicios sufridos debido a la deficiente asistencia sanitaria prestada al padre,y marido,de los recurrentes, quien padecía de un carcinoma urotelial en tratamiento, por parte del Hospital general de Segovia, al no ponerse a disposición del enfermo todos los medios necesarios para llegar a un diagnóstico, lo que ha dado lugar a una pérdida de oportunidad. Se sustenta la demanda en la negligencia, en la asistencia prestada, por retraso en el diagnóstico y tratamiento, ausencia de monitorización, demora en comunicar analíticas y falta de traslado a UCI, privando al paciente de oportunidad terapéutica. Se desestima el recurso interpuesto, a partir de la valoración de la prueba practicada considerando insuficiente el informe pericial de parte para acreditar que,la asistencia sanitaria prestada fue defectuosa y contraria a la lex artis. Frente a ello concluye la Sala la pericia aportada parece discrepar más del diagnóstico de sospecha que consta en la historia clínica que de la asistencia sanitaria que fue prestada al paciente olvidando con ello que el diagnostico emitido como posible causa del fallecimiento no deja de ser un juicio de probabilidad y no de certeza. Constando que la asistencia prestada, en todo momento,fue acorde con la lex artis y los síntomas que presentaba el paciente.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación contra la sentencia que desestima la pretensión de responsabilidad patrimonial sanitaria de un incapaz representado por su tutor legal. Alegrándose que no fue atendida por neurólogo en servicio de urgencias pese a la patología que presentaba de "ictus" inicial aun cuando fue diagnosticada de AIT (accidente isquémico transitorio), la Sala entiende que la anamnesis realizada no fue incompleta, en contra de lo que sostiene el recurso de apelación, y cuando se señala que la paciente colaboraba y estaba consciente y orientada se evidencia que ninguna limitación física manifestaba en ese momento como posible secuela de un accidente cardiovascular sufrido previamente, hecho que ya se indicaba por un familiar de la afectada. La exploración realizada y la situación asintomática de la paciente, diagnosticada de probable AIT, es decir, que se detiene el flujo de la sangre a una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo, determinaba que no fuera de aplicación el protocolo de actuación de ictus. El ingreso hospitalario no hubiera evitado en este caso el accidente vascular sufrido al día siguiente ni la tórpida evolución. Y no existe pérdida de oportunidad por cuanto no media el presupuesto de que se hubiera omitido una actuación médica debida.
